La finalidad de la presente obra es recopilar los tratados, convenios y declaraciones internacionales más relevantes en materia de los derechos humanos de los sistemas regionales de América, Europa y África. El bloque de las Naciones Unidas se divide en trece temáticas que intentan abarcar los campos de mayor actuación de la organización internacional. Comprenden, a su vez, la Carta internacional de los derechos humanos; los crímenes de guerra, contra la humanidad y el genocidio; la nacionalidad, los apátridas, el asilo y los refugiados; la prevención de la discriminación; los derechos del niño; los derechos de la mujer; los derechos de los discapacitados; la esclavitud, el trabajo forzoso y las prácticas análogas; el progreso y el desarrollo social; el derecho a la libre determinación; los pueblos indígenas y las minorías; la libertad de sindicación y el patrimonio cultural. En segundo lugar, se presta atención a la normativa del Consejo de Europa, incorporando el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales con todos sus protocolos vigentes, así como la normativa de lenguas regionales o minoritarias, las minorías nacionales, la carta social europea, convenios varios sobre biología y medicina, la trata de los seres humanos, la protección cultural y de los animales de compañía, el acceso a los documentos públicos, los derechos del niño y la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes. Dentro de la Organización de los Estados Americanos se transcriben los convenios, cartas y protocolos de mayor relevancia en el sistema regional americano. Se destaca la Declaración americana y la normativa variada de protección de los derechos humanos, la carta social y la carta democrática, los derechos y la protección de la mujer y del niño, la desaparición de personas, el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, la eliminación de todas las formas de discriminación, la protección de la persona con discapacidad, la discriminación e intolerancia, y el patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas. Además de la protección de los derechos humanos de las personas mayores y la abolición de la pena de muerte. Los bloques que experimentan una menor actividad normativa en la protección de los derechos humanos son la Unión Europea y la Organización para la Unidad Africana. Del primero destaco la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, y del continente africano la Carta africana sobre los derechos humanos y de los pueblos y la Carta africana de los derechos del niño.

Esta obra del Prof. José Agustín González-Ares, dirigida a un amplio sector de público —juristas, estudiantes de las facultades de Derecho, estudiosos de otras ciencias sociales o quehaceres humanísticos y simples lectores interesados por la materia— ofrece una visión clara, rigurosa y sintética de la historia y evolución del Estado constitucional español desde sus mismos albores —con la aprobación del Estatuto de Bayona— hasta el fin de la Dictadura franquista. A lo largo de sus páginas, se estudian no sólo los Constituciones y aquellos proyectos e intentos de reforma que se sucedieron a lo largo de 1808 a 1975, sino el contexto histórico y social en que se desenvuelven, cuyo conocimiento es, en ocasiones, esencial para la comprensión de los mismos. Al final de cada capítulo se incluye una extensa y actualizada relación bibliográfica, que se complementa, como anexo final, con una bibliografía general, una recopilación de textos constitucionales y una cronología político-constitucional.

Con el presente estudio se concluye que con la regulación del proceso laboral en España es posible configurar la indemnización por daño moral por vulneración a los derechos fundamentales en el contrato de trabajo como un instrumento punitivo. De modo que el importe de la indemnización, no viene necesariamente ligado al daño producido, sino que atiende a finalidades distintas, y cuenta con un carácter disuasorio. El propio Tribunal Supremo admite que por atentar contra los derechos fundamentales no sólo se genera una función restitutio in integrum, sino también la de prevención general. La situación de pandemia ha abierto la caja de Pandora respecto a la presencia de la acción resarcitoria concebida desde el punto de vista punitivo, sin lugar a dudas, como se pone de relieve en las decisiones de los tribunales que se analizan.

La presente edición de este Código Civil constituye una obra indispensable para el estudio del derecho privado español. Siguiendo la metodología práctica habitual en las obras de Colex, se incluyen comentarios de autor, doctrina jurisprudencial completamente actualizada, sistematizada y extractada emanada por el Tribunal Supremo, así como resoluciones del TC, AAPP y de órganos administrativos. Las nuevas ediciones de Colex son esencialmente prácticas, incluyendo índices jurisprudenciales que facilitan la búsqueda interna en los artículos más complejos, así como los datos identificativos de las sentencias y resoluciones mencionadas, destacadas en cada extracto para su fácil localización.

¿Qué se entiende por acto administrativo? ¿Qué actos son susceptibles de recurso administrativo? ¿Qué clases de recursos puedo interponer? A través de la presente guía damos respuesta a estas cuestiones y analizamos desde un punto de vista práctico los distintos recursos administrativos por medio de la exposición de la jurisprudencia más relevante, el planteamiento y resolución de supuestos prácticos, formularios actualizados y diversos esquemas, que nos facilitarán una visión global de la actual regulación administrativa. Asimismo, expondremos de manera pormenorizada tanto los actos susceptibles de recurso de alzada, reposición, revisión y especial en materia de contratación como los plazos para su interposición. Al finalizar esta obra, tanto el operador jurídico como el ciudadano poseerán los instrumentos necesarios para responder a las resoluciones administrativas que le sean adversas.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas ya no es una idea abstracta, sino que forma parte de la realidad de los operadores jurídicos y, sobre todo, de la de sus destinatarios, es decir, empresas, fundaciones, partidos políticos y un largo etc. Los numerosos estudios existentes se centran en la prevención de la responsabilidad penal de los entes colectivos o en la imputación de estos, pero, hasta el momento, no se contaba con una publicación dedicada en exclusiva a las penas de las personas jurídicas. El lector tiene en sus manos una obra que se distingue por aunar en una monografía el análisis de los aspectos más esenciales de las consecuencias jurídico-penales susceptibles de imponer a las personas jurídicas: la naturaleza de estas medidas, el contenido y régimen de ejecución de las penas interdictivas, la pena de multa, los criterios de determinación de la pena previstos en el artículo 66 bis del Código Penal y, por último, los problemas interpretativos y prácticos derivados del artículo 130.2 de esa misma norma, que prevé el traslado de la pena en los supuestos de escisiones, transformaciones, fusiones, absorciones y disoluciones fraudulentas de las personas jurídicas.

La digitalización de la sociedad ha cambiado prácticamente todas las parcelas de nuestra realidad individual y colectiva, condicionando inevitablemente nuestro presente, pero también el devenir de nuestro futuro más inmediato. La capacidad de innovación del estado tecnológico actual ha revolucionado y acelerado la forma en como vivimos y nos organizamos a unas cotas de constante transformación y adaptación posiblemente nunca antes vistas, generando una cantidad ingente de nuevos retos y necesidades que requieren de respuestas jurídicas eficaces. Para que el derecho pueda cumplir con este noble requerimiento, es indispensable que la comunidad jurídica se vuelva completamente permeable a todo el conocimiento y experiencia que se genera dentro del denominado Derecho Digital, lo que sin duda debe producirse especialmente por la vía del estudio y el interés, tanto desde los inicios de la educación jurídica como a lo largo de toda la vida profesional. Precisamente, la obra que se tiene entre las manos nace de la voluntad de ofrecer un manual de Derecho Digital práctico y accesible, a la vez que riguroso, que sirva tanto de entrada al estudio de esta rama del derecho como herramienta de consolidación de conocimientos ya adquiridos. En este sentido, los contenidos que se ofrecen aquí son muy variados y presentados desde distintos enfoques, haciendo hincapié en materias que se consideran especialmente relevantes, tales como por ejemplo la protección de los datos de carácter personal o el cibercrimen. En definitiva, se trata esta de una obra indiscutiblemente útil para toda aquella persona interesada o inmersa en el estudio del Derecho Digital.

La nueva edición 2022 de la Ley de Enjuiciamiento Civil comentada y legislación complementaria representa uno de los trabajos mas serios realizados hasta la fecha. Con un enfoque práctico, incluye comentarios de autor, jurisprudencia actualizada y concordancias pensados para el profesional que necesita respuestas en su labor diaria. Los autores que colaboran en la presente edición aportan su experiencia y autoridad en la materia haciendo que la obra resuelva e instruya de manera magistral. Las nuevas ediciones de Colex están diseñadas con un nuevo formato práctico y manejable que permite una consulta amena, proporcionando acceso a formato electrónico.

En la presente guía se ofrece un análisis teórico y práctico de la expropiación forzosa y su regulación jurídica, realizando un estudio de las distintas fases del procedimiento que ayudarán al lector a conseguir una visión global de todo el proceso expropiatorio, incidiendo en la determinación del justiprecio y su valoración, y efectuando una aproximación a los ámbitos de aplicación de las expropiaciones especiales. Con el objetivo de facilitar la compresión del tema se acompañan a la presente diversos esquemas sobre la materia, así como varios formularios de interés.

En un entorno donde el acceso a la información pública y la transparencia juegan un papel capital en el desarrollo imparable de las sociedades, y donde la tecnología avanza rápidamente, las organizaciones y las competencias profesionales lo hacen a otro ritmo, especialmente en las Administraciones públicas. Estas circunstancias colocan a los profesionales que se adapten o mejoren la obtención, el tratamiento, la gestión o la puesta a disposición de datos, en situación de obtener mejores resultados y por extensión, mejores decisiones. Transparencia significa la posibilidad de acceso de los ciudadanos a toda la información institucional, organizativa, de planificación, de relevancia jurídica, económica, presupuestaria y estadística para el ejercicio de ese «empoderamiento» del cual se pretende revestir a la sociedad; empoderamiento que no debiera servir de excusa para que las instituciones se hastíen, ya que la publicidad de la información no significa que se delegue el control, sino que se comparta para la consecución de fines legítimos.

¿Qué es el justiprecio? ¿Cómo se determina? ¿Qué criterios se usan para su valoración? ¿Qué intereses o indemnizaciones genera? El propósito de la presente guía es responder a estas y otras preguntas, abordando los aspectos más relevantes del justiprecio desde su concepto hasta su determinación y valoración. Con el fin de dotar a la obra de un contenido didáctico, se incluyen esquemas, respuestas a diversas cuestiones frecuentes, análisis de jurisprudencia relacionada y varios formularios sobre la materia.

El derecho de propiedad, constitucionalmente reconocido en nuestra Carta Magna, está constituido por el conjunto de facultades que ostenta el propietario sobre el bien y, en este sentido, nuestro ordenamiento jurídico le ofrece una serie de acciones a su favor para la protección de su derecho y evitar que un tercero lo viole o lo perturbe. Es innegable que, en este campo, la acción de protección del dominio por excelencia es la reivindicatoria, aunque, junto a ella, se encuentran, entre otras, la acción declarativa de dominio, la acción de deslinde y amojonamiento y la tercería de dominio. La presente guía ofrece al lector un análisis jurídico de dichas acciones, poniendo en su conocimiento todos los requisitos que, jurisprudencialmente, han venido siendo definidos por nuestros tribunales como indispensables para el éxito de las referidas acciones. Asimismo, y con el fin de dotar a la obra de una exposición práctica del ejercicio de defensa de la protección elegida, se lleva a cabo un desarrollo explicativo del procedimiento a seguir, haciendo especial referencia a diversas cuestiones que nos pueden surgir a lo largo del mismo. Por último , y como viene siendo costumbre en nuestras colecciones paso a paso, la guía incluye diferentes esquemas, resolución directa de preguntas frecuentes, casos prácticos y formularios de interés.

La presente obra afronta la realidad de una trilogía que es muy difícil de combinar: desarrollo técnico, innovación normativa y seguridad jurídica. Combinar la realidad física con la jurídica, o lo que es lo mismo, adecuar la legislación a los sucesivos cambios tecnológicos, sin sacrificar, o al menos haciéndolo en el menor grado posible, la seguridad jurídica, algo que sólo desde la lógica es posible comprender es una labor ímproba. Hacer frente, con ciertas garantías, al problema planteado, solo es posible recurriendo a la lógica, que debe imperar por encima de todo, tanto en la Ley como en la decisión basada en la misma. La lógica, como el Derecho, es un medio, que solo tendrá sentido cuando opera más allá de la realidad existente, por lo que limitarse a lo que la realidad ofrece genera una contingencia segura. Esto hace que el Derecho sea ciencia, en toda la extensión del concepto, o al menos deba serlo. Ciertamente avanza, pero debe ir más allá para regular lo anterior de una forma adecuada al hoy y al mañana si queremos huir de la inseguridad —jurídica—. Así, la cuestión de incorporar la IA a la Administración no convierte a esta, sin más, en inteligente, dado que lo inteligente puede ser precisamente limitar el recurso. En todo caso, el análisis de la cuestión, desde un fondo jurídico, supone ir más allá de la realidad social vigente, anticipando respuestas jurídicas a problemas futuros o, como mínimo, garantizando la adaptabilidad de una norma que perdurará en el tiempo tras su publicación gracias a la flexibilidad que la lógica que la contempla le confiere. Esto es precisamente lo que hemos procurado trasladar al lector, quien será el que juzgue el logro.

En la presente obra se aborda la cuestión del perfeccionamiento del contrato electrónico desde la perspectiva del Derecho aplicable. Se analiza la cuestión teniendo en cuenta que en este tipo de contratos existen diferentes fases relacionadas con las declaraciones de voluntad necesarias para que el contrato se entienda concluido. Estas etapas se identifican con la oferta y la aceptación del clausulado del contrato, que en numerosas ocasiones se encuentra recogido en condiciones generales de la contratación. Estas materias, junto con otras vicisitudes como son los deberes de información, que con carácter previo y posterior a la realización del contrato han de facilitarse al usuario, y el derecho de desistimiento, son objeto de análisis en este trabajo. La regulación de estas cuestiones se encuentra dispersa en normas de diferente origen (institucional, convencional, estatal y transnacional) que han de ponerse en relación para poder dar una respuesta jurídica satisfactoria a esta fase del iter negocial en la contratación electrónica.

Desde la «convivencia democrática» o el «Estado derecho» del preámbulo hasta los «derechos históricos en territorios forales» o las «Comunidades Autónomas con más de una Audiencia Territorial», la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico contiene numerosos conceptos a lo largo de sus 169 artículos estructurados en sus diferentes títulos, capítulos y secciones. El estudio y dominio de la Constitución española, respetando la literalidad de la norma, viene a ser de vital importancia para los opositores a la Administración pública, ya que supone la temática de mayor peso en los procesos selectivos y es por ello que resulta indispensable que el opositor tenga un perfecto conocimiento de cada concepto que esté insertado en uno o varios artículos de la Constitución, además de poder ubicarlos y encuadrarlos dentro de la estructura del texto constitucional, pudiendo afrontar con solvencia las preguntas relativas a la norma suprema del ordenamiento jurídico en los exámenes a la Administración pública, tanto de ámbito estatal, como autonómico y local. Esta obra contiene doscientos conceptos extraídos del articulado de la Constitución española, además de complementar a cada concepto con las remisiones que en ellos se hace a otros artículos de la Constitución. Como valor añadido, también se realiza dentro de cada concepto que así lo requiera, una definición y aclaración de aquellas cuestiones que puedan suscitar una mayor dificultad para su comprensión. Finalmente, y teniendo en cuenta la importancia que tienen en el texto constitucional las materias objeto de ley orgánica, la obra contiene un cuadro resumen de todas aquellas materias o instituciones que en la Constitución se establece que tienen que ser reguladas mediante este rango normativo. Todo ello acompañado de un cuadro final con todos los plazos que se establecen en el texto constitucional, estructurado por artículos.

La enseñanza jurídica venía experimentando, en la últimas décadas, una enorme variedad de cambios, sea en lo referente a los métodos empleados para la realización de clases magistrales y actividades prácticas, sea en lo que atañe al contenido, con el proceso evidenciado desde la puesta en marcha del Plan Bolonia y la reorganización promovida en los distintos niveles de la educación universitaria para uniformización curricular en Europa. Sin embargo, la digitalización, la introducción de nuevos recursos audiovisuales y el proceso de tránsito hacia un modelo de educación entendido como más adecuado a la sociedad digital en la que vivimos, parecía seguir algo lejos del panorama de la mayoría de las universidades, especialmente en el contexto jurídico. Este panorama se ha visto profundamente afectado en virtud de la enfermedad originada por el coronavirus en 2019 y por la pandemia posterior que derivó el 14 de marzo de 2020 en el decreto del estado de alarma, que en gran parte de los casos hizo imposible, por las medidas de seguridad impuestas por los gobiernos, el proseguimiento de las clases presenciales. En esta obra se recogen las distintas experiencias, modelos, técnicas y fórmulas de cambio puestas en marcha o sugeridas por docentes e investigadores de distintas instituciones españolas y extranjeras, buscando ofrecer respuestas a la crisis sanitaria en el ámbito de la enseñanza jurídica y en el contexto universitario como un todo. En este sentido, se busca ofrecer al lector una visión global del problema que seguimos enfrentando con la pandemia del coronavirus, así como señalar caminos y propuestas de cambios capaces, en la visión de los autores, de solucionar las cuestiones prácticas que se imponen ante los docentes de Derecho a nivel local y global.

En esta obra se realiza un recorrido por las principales cuestiones relacionadas con el Derecho mercantil, centrándonos especialmente en las figuras de las sociedades anónimas y limitadas. De este modo, se analiza, desde el origen del propio Derecho mercantil, hasta las diversas vicisitudes que afectan a las empresas y los empresarios –desde el inicio de su actividad, hasta la finalización de la misma–. El desarrollo de este libro comienza con una explicación de qué es el Derecho mercantil, ahondando en su concepto y las fuentes de aplicación a esta rama del Derecho. Posteriormente, se incide en el empresario persona física, y el empresario persona jurídica para, a partir del cuarto capítulo, centrarnos en el ámbito de mayor interés de la obra: las sociedades mercantiles. El quinto capítulo, de mayor extensión que el resto, recoge los problemas y principales cuestiones que deben abordar las sociedades anónimas y limitadas durante el desarrollo de su actividad, comenzando con la fundación de las mismas, siguiendo por los socios, acciones, participaciones, órganos sociales y analizando los estatutos societarios, así como el procedimiento para su reforma, si debe realizarse. Finalmente, también se aborda la posibilidad de la disolución, liquidación y cancelación registral de la sociedad. Además, se analiza la responsabilidad y representación del empresario, en sus distintos ámbitos, como también el deber de documentación y contabilidad y qué es el Registro Mercantil. Se finaliza con una alusión al procedimiento concursal, tan en boga en nuestros días.

La excedencia puede definirse como la suspensión temporal de la relación laboral o contrato de trabajo por decisión de la persona trabajadora o por causas relacionadas con esta, que en sus vertientes voluntaria o forzosa implica un "cese temporal" tras el cual el trabajador volverá a retomar sus responsabilidades y tareas, configurándose un régimen especial en algunos casos de reserva de puesto, y, en otros, una garantía de derecho preferente al reingreso. El Estatuto de los Trabajadores, mediante una redacción algo confusa, deja la verdadera configuración del derecho a la negociación colectiva, lo que supone la necesidad de conocer no solo los puntos clave de la figura, sino también la resolución a las dudas más frecuentes por parte de la doctrina y jurisprudencia. Nuestra obra, mediante un contenido fundamentalmente práctico y asociando formularios de interés, aborda todos los instrumentos necesarios para el correcto trámite de la figura, prestando especial atención a cuestiones como: - El entorno normativo de las excedencias laborales y su concepto. - Tipos y causas de excedencias forzosas y voluntarias. - Los aspectos formales relacionados con la solicitud y reincorporación tras la excedencia voluntaria. - La reclamación de derecho a reingreso en sus dos vertientes: despido y existencia de vacante, prestando especial atención a la solicitud de indemnización de daños y perjuicios por falta de reincorporación. - Las incidencias más frecuentes como el cambio de titularidad de la empresa o el despido durante excedencia, prestación por desempleo o suscripción de un convenio especial. - Relaciones laborales especiales y su posibilidad de excedencia, así como las principales características de la figura en el sector público.

El mundo del comercio internacional es un ámbito en continuo cambio y adaptación. Sin duda, uno de los cambios más importantes en las últimas décadas es la creciente relevancia que ha ido alcanzando el comercio electrónico dentro de este, derivado de la mejora en las infraestructuras dedicadas al transporte de mercancías y la accesibilidad por parte de todos los usuarios de herramientas que permiten operar en él. Cualquier persona con un ordenador es capaz de llevar a cabo una operación de comercio internacional en la que puede solicitar un producto radicado en la otra punta del mundo con un solo click y, además, llevar a cabo su pago con otro. Este cambio de paradigma ha determinado que a lo largo de los últimos años el poder legislativo haya puesto el foco sobre estas nuevas vías que ha tenido la economía digital para abrirse paso. Por supuesto, el más importante pilar a estudio es el relacionado con la vertiente de los ingresos públicos, es decir, con los tributos. Es por ello que, ante las últimas modificaciones introducidas tanto en la normativa interna española como las decisiones tomadas en el ámbito supranacional de la Unión Europea, se hace necesario un estudio del nuevo paradigma del comercio electrónico en la actualidad enfocado no sólo en su fiscalidad directa (Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de No Residentes) sino también en la vertiente indirecta de su fiscalidad (Impuesto sobre el Valor Añadido). Esta guía se ha estructurado diferenciando entre una primera parte relativa a la definición del comercio electrónico y su situación actual en el paradigma legislativo, y una segunda parte donde se desarrolla un estudio pormenorizado de su fiscalidad directa e indirecta y los retos y dificultades que ésta afronta. Así, para dotar a esta guía de un eminente contenido práctico, se incluyen a lo largo de la obra esquemas, resolución directa de preguntas frecuentes, análisis jurisprudencial y de resoluciones administrativas relevantes y una relación de casos prácticos de interés para el objeto de estudio.

Esta obra contiene la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público con concordancias, modificaciones, correspondencias con la anterior regulación e índice analítico.