La ciberviolencia de género está cada vez más presente en nuestras vidas, pero contrasta con su poca visibilidad. Debe ser entendida como toda forma de violencia que se ejerce en el contexto digital por razón de sexo, género, orientación sexual e identidad de género. El movimiento político anti-género, que engloba ideologías contrarias a las teorías de género, al feminismo y al movimiento LGTBI, es especialmente activo en el entorno digital, contribuyendo a la expansión de la machosfera. La machosfera es un conjunto de comunidades digitales misóginas que llevan a cabo formas de ciberviolencia como instrumentos de defensa y propaganda de sus ideas.
La ciberviolencia de género recibe múltiples denominaciones y se manifiesta en una gran variedad de formas. Esta diversidad contribuye a invisibilizar su prevalencia, y a la fragmentación legal de su posible respuesta. El marco legal aplicable abarca desde la legislación sobre violencia de género, legislaciones europeas sobre el espacio digital, la legislación en materia civil sobre el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen, la legislación de protección de datos personales, y la legislación laboral sobre acoso sexual. La respuesta legal suele quedar limitada a la respuesta penal. El derecho antidiscriminatorio en cambio no está suficientemente desarrollado en nuestro país, y aun menos en el contexto digital.
Las víctimas relatan violaciones de sus derechos fundamentales, y consecuencias individuales y sociales debido al anonimato, a la viralidad, y a la permanencia de la ciberviolencia de género.
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