El salvamento marítimo, tal como lo conocemos, comenzó a desarrollarse a finales del siglo XIX, impulsado por avances tecnológicos en la navegación que hicieron viable el rescate efectivo de buques y cargas. Esto marcó la transición del naufragio al salvamento con la profesionalización del sector y de la actividad. El salvamento marítimo se clasifica en dos modalidades: público y privado; en ambas, el rescate de vidas humanas es prioritario. El objeto de esta obra, el contrato de salvamento, fundamental en la modalidad privada, se basa en el principio «no cure-no pay», en el que el salvador solo recibe una compensación si tiene éxito en la operación. No obstante, este principio ha sido objeto de revisión, especialmente tras el desarrollo de la «conciencia medioambiental» incluida en el salvamento, donde los salvadores pueden ser compensados por sus esfuerzos, incluso si no se salva el buque o la carga. La legislación, reflejada internacionalmente en el Convenio de 1989 y, nacionalmente, en la Ley de Navegación Marítima de 2014, han introducido mecanismos que permiten regular estas situaciones, por ejemplo, a través de la compensación especial. En la actualidad, a pesar de la disminución de accidentes y vertidos, el salvamento sigue siendo esencial para mitigar el impacto de los siniestros marítimos y los contratos han evolucionado para adaptarse a estos nuevos desafíos, subrayando la creciente importancia de la protección del entorno marino en las operaciones de salvamento.

Medidas cautelares en el orden civil. Paso a paso aborda las cuestiones relativas a la adopción de medidas cautelares en los distintos procedimientos civiles, las medidas cautelares específicas que regula el ordenamiento jurídico así como la caución sustitutoria. Desde un enfoque práctico, esta guía ofrece al lector un análisis pormenorizado de las diferentes medidas cautelares, desde su concepto y disposiciones generales hasta las medidas cautelares específicas como el embargo preventivo de bienes o el cese provisional de las actividades. Asimismo, se profundiza sobre el peligro por la mora procesal y las tercerías en supuestos de embargo preventivo, entre otros, además de hacer incidencia en todo lo concerniente a la regulación del procedimiento para la adopción de tales medidas cautelares. Como es frecuente en estas guías paso a paso, el lector encontrará un amplio análisis de la jurisprudencia. De igual manera, se incluye una serie de formularios y casos prácticos con la finalidad de ofrecer un contenido más práctico.

¿Qué es un EPI y cuándo debe utilizarse? ¿Qué normas tiene que cumplir? ¿Cuántas categorías o tipos de EPI hay? ¿Cómo sé que cumple los requisitos exigidos? El usuario encontrará en esta guía la respuesta a estas y otras dudas que pueden surgir en la primera valoración necesaria a la hora de implantar y gestionar los equipos de protección individual en la empresa. La información de la obra permitirá al lector, entre otros aspectos de la gestión de los EPI, contar con información de obligado conocimiento en campos como: Conceptualización, importancia de la evaluación de riesgos y justificación de la imposibilidad de evitarlos. Requisitos sobre el diseño y la fabricación. Condiciones que deben reunir los equipos de protección individual (EPI) para ser seguros. La gestión de los EPI dentro del sistema de gestión de la PRL: selección, utilización, mantenimiento y entrega. Diseño, planificación y organización de la información y acciones formativas. Implantación, sustitución o retirada de los EPI. Características de los principales EPI según la zona a proteger y su grado de seguridad. Para dotar la obra de una contenido útil, todos los apartados se acompañan con la normativa, instrucciones técnicas complementarias y documentación de apoyo más relevante.

Esta guía aborda las cuestiones fundamentales sobre la responsabilidad, en los diferentes órdenes jurisdiccionales, del colectivo médico. Con un enfoque eminentemente práctico se aborda la regulación jurídica de la responsabilidad de los profesionales sanitarios cuando cometen errores, causando daños a los pacientes o a sus allegados. La responsabilidad puede tener lugar en los ámbitos civil, administrativo y penal. Mientras que en la vía civil se resarcirán los daños causados en la sanidad privada, en la vía administrativa se reclamará la responsabilidad patrimonial de la Administración por las actuaciones en la sanidad pública. Finalmente, la vía penal queda reservada para los casos más graves y las más patentes vulnerabilidades del deber de diligencia. Además, como novedad en esta cuarta edición se añaden nuevos casos prácticos, análisis de la jurisprudencia más novedosa, resolución de nuevas cuestiones de interés y nuevos formularios. Para dotar a esta guía de un contenido práctico se incluyen esquemas, resolución directa de preguntas frecuentes, análisis jurisprudenciales, casos prácticos y formularios de interés.

Esta guía analiza los principios aplicables al derecho contractual, y la importancia de estos a la hora de realizar e interpretar un contrato. Además, se centra en el estudio de la cláusula rebus sic stantibus, detallando los presupuestos necesarios para su aplicabilidad, así como la jurisprudencia al respecto. La cláusula rebus sic stantibus permite modular las condiciones contractuales inicialmente pactadas como respuesta a un cambio en las circunstancias que existían en el momento de formalización del contrato. No es una figura contemplada en el Código Civil, sino que su construcción es de origen jurisprudencial, de ahí la importancia de conocer la postura de nuestros tribunales al respecto y su evolución. Para dotar a la obra de un contenido más práctico se incluyen formularios, casos prácticos y resolución directa de preguntas frecuentes.

Transparencia, democracia y buena administración en los ámbitos estatales y en los procesos de integración regional se inscribe en un momento crucial de la historia contemporánea, donde la interdependencia entre naciones y la necesidad de mecanismos de gobernanza transparente y efectiva se hacen cada vez más evidentes. La obra ofrece una mirada profunda a la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y promover la buena administración, no solo a nivel estatal, sino también en los procesos de integración regionales, esenciales en un mundo cada vez más globalizado. La globalización ha sido un motor de cambio imparable, pero también ha evidenciado las desigualdades y las limitaciones de las estructuras políticas tradicionales. La falta de sincronización entre el desarrollo tecnoeconómico global y las instituciones políticas ha generado un desbalance de poder que afecta la calidad de vida de millones de personas. Este libro destaca la necesidad de cerrar esa brecha mediante la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno, desde lo local hasta lo global. La transparencia y la democracia no son solo ideales, sino herramientas prácticas para enfrentar los desafíos globales. En un mundo donde los problemas trascienden las fronteras nacionales, desde el cambio climático hasta las crisis económicas, es imperativo que las instituciones sean no solo eficaces, sino también legítimas y representativas. La obra que hoy presentamos es un llamado a la acción para reformar y, en muchos casos, crear nuevas estructuras que permitan una gobernanza más justa y equitativa. Un mundo más justo es ciertamente posible, pero requiere de esfuerzos concertados y la voluntad política de todas las naciones. Este libro se alza como una contribución valiosa a esa causa, proporcionando tanto un análisis riguroso como propuestas concretas para avanzar hacia un futuro donde la democracia no sea un privilegio de pocos, sino un derecho de todos, ejercido en un marco de transparencia y buena administración.

Debido a la publicación de un nuevo marco legal europeo en materia de garantías procesales para los menores sospechosos de haber cometido hechos delictivos hace necesario desarrollar instrumentos y materiales que ayuden a los agentes del sistema de justicia juvenil a informar adecuadamente a los menores sospechosos de haber cometido un delito de lo que supone su paso por el proceso judicial. La colección completa "HABLEMOS CLARO", que consta de 3 obras en formato video y texto "Hablemos Claro 2024 - Quién es Quién (texto y video)", "Hablemos Claro 2024 - Mis derechos en claro (texto y video)" y Hablemos Claro 2024 - Qué me va a pasar (texto y video) proporcionan información lo suficientemente detallada y explícita para que el menor pueda situarse en el proceso y sea capaz de prever lo que va a suceder y lo que se espera de él o ella. Además, al estar adaptados al nivel madurativo y cultural de los adolescentes facilita su comprensión.

Debido a la publicación de un nuevo marco legal europeo en materia de garantías procesales para los menores sospechosos de haber cometido hechos delictivos hace necesario desarrollar instrumentos y materiales que ayuden a los agentes del sistema de justicia juvenil a informar adecuadamente a los menores sospechosos de haber cometido un delito de lo que supone su paso por el proceso judicial. La colección completa "HABLEMOS CLARO", que consta de 3 obras en formato video y texto "Hablemos Claro 2024 - Quién es Quién (texto y video)", "Hablemos Claro 2024 - Mis derechos en claro (texto y video)" y Hablemos Claro 2024 - Qué me va a pasar (texto y video) proporcionan información lo suficientemente detallada y explícita para que el menor pueda situarse en el proceso y sea capaz de prever lo que va a suceder y lo que se espera de él o ella. Además, al estar adaptados al nivel madurativo y cultural de los adolescentes facilita su comprensión.

Debido a la publicación de un nuevo marco legal europeo en materia de garantías procesales para los menores sospechosos de haber cometido hechos delictivos hace necesario desarrollar instrumentos y materiales que ayuden a los agentes del sistema de justicia juvenil a informar adecuadamente a los menores sospechosos de haber cometido un delito de lo que supone su paso por el proceso judicial. La colección completa "HABLEMOS CLARO", que consta de 3 obras en formato video y texto "Hablemos Claro 2024 - Quién es Quién (texto y video)", "Hablemos Claro 2024 - Mis derechos en claro (texto y video)" y Hablemos Claro 2024 - Qué me va a pasar (texto y video) proporcionan información lo suficientemente detallada y explícita para que el menor pueda situarse en el proceso y sea capaz de prever lo que va a suceder y lo que se espera de él o ella. Además, al estar adaptados al nivel madurativo y cultural de los adolescentes facilita su comprensión.

Nuestra guía paso a paso aborda de manera exhaustiva el derecho a la desconexión digital en el entorno laboral. El libro comienza con una detallada configuración del derecho a la desconexión digital y su entorno normativo, destacando la LOPDGDD y el ET. Se exploran los derechos de los trabajadores a la intimidad y el uso de dispositivos digitales, así como las implicaciones del teletrabajo según la Ley 10/2021. Además, se analizan las medidas preventivas y sancionadoras, y se discuten los derechos digitales en la negociación colectiva. El segundo capítulo define el concepto de desconexión digital y ofrece medidas prácticas para implementarla, como la limitación del uso de medios tecnológicos y la elaboración de políticas internas. El tercer capítulo se centra en el registro horario como mecanismo de control, detallando las obligaciones y sanciones relacionadas. El cuarto capítulo proporciona una guía para la creación de políticas internas y protocolos de desconexión digital, mientras que el quinto capítulo aborda la tutela jurisdiccional en caso de vulneración del derecho. Finalmente, el sexto capítulo presenta pronunciamientos de los tribunales sobre diversos aspectos de la desconexión digital, ofreciendo una visión completa y práctica para trabajadores y empleadores. Para dotarla de una mayor practicidad, la obra incluye formularios de interés.

El consentimiento informado es un asunto de profundo interés, relevancia y actualidad tanto para la medicina como para el derecho, porque ha existido una transformación en su concepción, que va desde el esquema paternalista hasta un nuevo modelo de relación clínica, en el que prevalece la autodeterminación del paciente, lo cual establece que su estudio se aborde desde una perspectiva ética y jurídica. En esta obra se aplicó la metodología propia del Derecho comparado, para ofrecer un panorama completo de las diferencias entre los dos ordenamientos jurídicos estudiados, así como las diversas soluciones jurisprudenciales que se dan a los problemas que este instituto jurídico plantea. Se asume la postura de que el daño causado por la infracción de las normas aplicables a la obtención del consentimiento informado es autónomo al daño que a la salud del paciente pueda producirse como consecuencia de la intervención médica porque son dos derechos que si bien están relacionados y protegidos corresponden a bienes jurídicos distintos. Esta doctrina que puede apreciarse en algunas sentencias del Tribunal Supremo español podría aplicarse en Colombia como un daño a los bienes personalísimos de especial protección constitucional establecida por la Corte Suprema de Justicia. Del mismo modo, en la jurisdicción contencioso-administrativa puede indemnizarse como una medida de reparación no pecuniaria por la vulneración a los bienes constitucionalmente protegidos.

Constituye la cadena de custodia una realidad compleja cuyo interés no ha hecho sino crecer con el tiempo, considerando especialmente la ausencia de regulación procesal expresa y unitaria. Fruto de esta situación normativa, el papel de la jurisprudencia ha sido y sigue siendo decisivo en la construcción jurídica de la cadena de custodia. También ostenta, asimismo, un papel fundamental la ciencia procesalista, al menos a fin de subrayar las preocupaciones e inconvenientes que surgen ante un escenario como el actual y que muy convenientemente han de ser resueltos con prontitud. Con un enfoque dirigido a la construcción jurídica y evolución de la figura examinada, sin menoscabo de su importante y destacable vertiente práctica, la presente obra se articula en torno a una serie de etapas que canalizan su evolución desde sus inicios y hasta la actualidad. Todo ello a través de un estudio sistemático de la materia, analizando y exponiendo el estado actual de la cuestión (de forma conjunta entre los planos jurisprudencial y doctrinal) a lo largo de cada una de las etapas a fin de averiguar hacia dónde se dirige y/o debe dirigirse.

Los meteoritos, fragmentos de cuerpos celestes que han caído en la Tierra, son ventanas al pasado del sistema solar. Su estudio permite desentrañar tanto la formación de asteroides como de planetas, e incluso identificar moléculas orgánicas originadas en el espacio. Sin embargo, la recuperación y la custodia de meteoritos enfrentan desafíos legales. Históricamente, la disputa sobre su propiedad ha sido constante, desde el meteorito Ensisheim (Francia) en 1492 hasta casos recientes como el de Colomera en Granada. La ausencia de una regulación clara no solo genera conflictos jurídicos, sino que también pone en riesgo el avance científico. Este libro aborda tanto los aspectos científicos como las cuestiones jurídicas relativas a los meteoritos. Desde la importancia de su estudio para comprender nuestro entorno planetario, hasta la urgente necesidad de una legislación que determine la titularidad de los mismos, facilitando su recuperación y conservación. En España, al igual que en otros países, donde la recuperación de meteoritos cuenta con un vacío legal importante, se busca establecer un marco jurídico que garantice la protección de nuestro patrimonio geológico mueble de origen cósmico y promueva nuevos descubrimientos. Esta obra ofrece propuestas de lege ferenda con esta finalidad.

Esta guía busca servir de apoyo de cara a la presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades, que, en principio, ha de efectuarse en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo. Un plazo que abarca, para aquellas sociedades cuyo período impositivo coincida con el año natural, los primeros 25 días del mes de julio. A tal fin, la obra se enfoca desde un punto de vista eminentemente práctico y dinámico, mediante una estructura doble, que combina más de 180 preguntas con respuestas claras y concisas sobre los principales elementos del impuesto, con 38 casos prácticos que permiten profundizar sobre los aspectos más interesantes o controvertidos. Entre otras cuestiones, se incide de una manera especial sobre la deducibilidad de los gastos en el impuesto, con estudio de los requisitos que la posibilitan y especial énfasis en algunos gastos cuya deducción puede resultar más dudosa o conflictiva (piénsese, por ejemplo, en la retribución de los administradores o en los gastos relacionados con los vehículos). Sin embargo, también se abordan otros aspectos, como el período impositivo, las exenciones, los tipos de gravamen y la tributación mínima de ciertas entidades, la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores o las posibles deducciones a aplicar y sus requisitos. Todo ello, desde una aproximación sencilla a la materia, que facilite su comprensión, y con inclusión de sentencias judiciales relevantes o de resoluciones administrativas de interés en los distintos casos prácticos.

Este libro sobre la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción se estructura en ocho secciones principales, abarcando desde el marco normativo hasta las medidas preventivas específicas y la protección individual y colectiva. PRL en el sector de la construcción: introduce el marco normativo relevante y organiza la prevención, destacando la designación de coordinadores de seguridad y salud, la obligatoriedad de estudios de seguridad, y las obligaciones de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. Subcontratación en el sector de la construcción: examina la subcontratación, incluyendo conceptos básicos, requisitos para contratistas y subcontratistas, el Libro de Subcontratación, y las infracciones y sanciones relacionadas. Disposiciones específicas de seguridad y salud: se centra en las fases de proyecto y ejecución de obras, abordando estudios de seguridad y salud, el plan de seguridad y salud en el trabajo, y la evaluación de riesgos. Coordinación de actividades empresariales: trata sobre la información y coordinación entre empresarios para la prevención de riesgos, incluyendo la designación de coordinadores y la obligatoriedad de estudios de seguridad. Información y formación a los trabajadores: Detalla la formación en PRL específica para el sector, incluyendo la tarjeta profesional de la construcción y la homologación de entidades formativas. Documentación en materia preventiva: enumera y describe la documentación necesaria en obras de construcción para la gestión de la PRL, incluyendo planes de seguridad y salud, registros de formación, y controles de salud de los trabajadores. Riesgos específicos del sector construcción y medidas preventivas generales: aborda las disposiciones mínimas de seguridad y salud, regulaciones específicas en convenios colectivos, y los principales riesgos y medidas preventivas. Protección colectiva e individual: finaliza con un enfoque en la protección colectiva e individual, explicando la prioridad de la protección colectiva y detallando los sistemas de protección colectiva y los equipos de protección individual (EPI) adecuados para el sector. Además, se incluyen formularios de interés en la materia.

Paco y Mateo son dos estudiantes de derecho que han dedicado su vida a resolver sus problemas a través de las trampas. La recepción equivocada de una herencia, les hará conocer el mundo notarial más de cerca y reforzará su idea de querer ser notarios de prestigio, pero siempre a su tramposo modo…

La presente obra contiene las siguientes normas actualizadas, debidamente concordadas y con un completo índice analítico. • Real Decreto de 22 de Agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio. CONCURSAL: • Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. REGISTRO MERCANTIL: • Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil. • Decreto de 14 de diciembre de 1956, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil. (Artículos vigentes) SOCIEDADES DE CAPITAL: • Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. LEGISLACIÓN CAMBIARIA: • Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque. • Orden de 30 de junio de 1999, por la que se aprueba el modelo de la Letra de Cambio. CONSUMIDORES Y USUARIOS: • Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias. COMPETENCIA: • Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. • Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. PUBLICIDAD: • Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. CONTRATOS: • Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contratos de Agencia. • Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Más de cien años estuvo vigente la «provisional» ley sobre organización del Poder Judicial de 1870. En 1985, consolidada la democracia en España, y al socaire de lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución, se diseña una nueva arquitectura en lo tocante a la «constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales», así como al «estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia». De entre toda esta materia, reservada específicamente a la LOPJ, quizás el asunto más polémico, a lo largo de sus casi 40 años de vida, haya sido el modo «seudoparlamentario» de elección de los vocales del CGPJ. Problema aún no resuelto conforme a los estándares de la Unión Europea y del Consejo de Europa: los doce vocales judiciales han de ser elegidos por sus pares, sin la más mínima injerencia ni mediación política.

Muchos malestares son tratados con fármacos. Es la medicalización de la vida. En sí misma es un problema de salud pública que interfiere en la sostenibilidad del gasto farmacéutico. No obstante, los sistemas para determinar el valor terapéutico de los medicamentos, los techos de gasto, la utilización de los sistemas de pago por resultados y el riesgo compartido con la industria, son formas de gestión implementadas para disminuir el impacto presupuestario. En el entorno del suministro público del medicamento, la discrecionalidad del órgano de contratación para configurar las características de los fármacos a contratar es controvertida. El exhaustivo intervencionismo regulatorio cuya pretensión es racionalizar el gasto público y garantizar la prestación farmacéutica en condiciones de igualdad es el principal motivo de esta controversia. En definitiva, la adquisición pública del fármaco y el respeto a los principios de la contratación son circunstancias difíciles de conjugar. El presente trabajo contiene un análisis del régimen jurídico del medicamento y un extenso estudio jurisprudencial sobre las cuestiones prácticas que arroja su adquisición pública. Con todo, planteamos que la contratación de este tipo de sustancias se lleve a cabo a través de sistemas abiertos, alejados de los estancos procedimientos establecidos en la normativa básica de contratación. En definitiva, abordamos fórmulas afines a la acción concertada para la gestión de los servicios dirigidos a las personas.

Desde instancias oficiales internacionales se viene propugnando que si el Estado crea un marco legal para otorgar a las comunidades religiosas una personalidad jurídica que implica un estatus especial en el derecho interno, todos los grupos religiosos que así lo deseen deben poder solicitar dicho estatus (TEDH); de manera que las leyes concernientes a la personalidad legal de estos grupos deben constituirse de modo que faciliten el derecho de libertad religiosa, permitiendo el acceso a los derechos vinculados a la personalidad jurídica (OSCE). Sin embargo, en los últimos casos en que la Audiencia Nacional ha juzgado acerca de la denegación de acceso al Registro de Entidades Religiosas, se ha estimado bien denegada la inscripción, atribuyendo a la Administración al frente de dicho Registro una cierta potestad de calificación. La peculiar situación de este Registro —entre recobrar el carácter jurídico de que estuvo revestido y la de acabar de convertirse en un mero registro administrativo—, sin que la doctrina jurisprudencial haya desvirtuado esta incertidumbre, hace pertinente el estudio de la temática atinente al marco jurídico de la entidad religiosa en España, partiendo de sus aspectos más generales, como son la libertad de creencias y su dimensión comunitario-religiosa, hasta llegar a concreciones más particulares, fijando el estatuto de las entidades religiosas, el instrumento para su personificación jurídica y la actividad de calificación registral de la Administración.