La democracia constitucional argentina necesita de un derecho donde las reglas que se dicten deben ser escritas por todos, en nombre de todos y para mejorar la calidad de vida de todos. Para ello, requiere de operadores jurídicos con protagonismo cívico para decir —iurisdictio— el derecho como práctica social de cuatro maneras posibles: enseñando, asesorando, abogando y resolviendo. Para la ardua tarea de enseñar, en primer lugar debemos advertir que el derecho se reconfiguró con la recuperación de la democracia en nuestro país; en segundo término urge definir la concepción que se tiene del derecho; y en tercer lugar, corresponde contextualizar el escenario para que el jurista de hoy pueda prepararse para el mundo que viene. Las tres consideraciones resultan imprescindibles a la hora de provocar un cambio sustancial en la educación jurídica argentina. Precisamos de abogados que, en su accionar diario, hagan de la Constitución Nacional una práctica social. Para que esto suceda, debemos provocar un cambio significativo en la actual enseñanza del derecho, más acorde con una cultura republicana y democrática que apunte al progreso social de todos sin exclusión alguna, solidaria, previsible y respetuosa de la norma. Transcurridos cuatro décadas de democracia constitucional, nuestra actual enseñanza del derecho sigue siendo interpelada a la luz de los debates que se promueven, acerca de cómo, qué, quién, a quienes y cuáles son sus objetivos políticos institucionales.
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