El Código de Buenas Prácticas, que recoge la dación en pago, plasma las medidas de apoyo al hipotecado, pero es tan restrictivo que casi no resulta aplicable ya que exige que la familia se encuentre en una situación económica definida como de umbral de exclusión, es decir, que todos los miembros de la unidad familiar no tengan rentas derivadas del trabajo ni otros bienes para hacer frente a la deuda. También exige que la cuota hipotecaria supere el 60% de los ingresos de la unidad familiar.
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