Muchos malestares son tratados con fármacos. Es la medicalización de la vida. En sí misma es un problema de salud pública que interfiere en la sostenibilidad del gasto farmacéutico. No obstante, los sistemas para determinar el valor terapéutico de los medicamentos, los techos de gasto, la utilización de los sistemas de pago por resultados y el riesgo compartido con la industria, son formas de gestión implementadas para disminuir el impacto presupuestario.
En el entorno del suministro público del medicamento, la discrecionalidad del órgano de contratación para configurar las características de los fármacos a contratar es controvertida. El exhaustivo intervencionismo regulatorio cuya pretensión es racionalizar el gasto público y garantizar la prestación farmacéutica en condiciones de igualdad es el principal motivo de esta controversia. En definitiva, la adquisición pública del fármaco y el respeto a los principios de la contratación son circunstancias difíciles de conjugar.
El presente trabajo contiene un análisis del régimen jurídico del medicamento y un extenso estudio jurisprudencial sobre las cuestiones prácticas que arroja su adquisición pública. Con todo, planteamos que la contratación de este tipo de sustancias se lleve a cabo a través de sistemas abiertos, alejados de los estancos procedimientos establecidos en la normativa básica de contratación. En definitiva, abordamos fórmulas afines a la acción concertada para la gestión de los servicios dirigidos a las personas.
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