¿Cómo puede haber personas que se atrevan a cuestionar el decreto de un gobierno, junta o como quiera llamársela -en todo caso un órgano de poder refrendado por la ciudadanía y argumentar que la medida ahuyentará a posibles inversores en la zona -”con la falta que hacen”? Esto ya no es ni tan siquiera calificable como doble moral, esto es una agresión directa a la capacidad de raciocinio de la ciudadanía. ¿Qué autoridad de ningún tipo y sobre todo para juzgar medidas generadas por otros, tienen
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