Paradójicamente compartimos más información en redes sociales pero al mismo tiempo nos preocupamos más de la posible interceptación de las comunicaciones y del secreto y privacidad de las mismas. Pero, ¿existe alguna limitación o imposibilidad legal para usar mecanismos de cifrado en nuestras comunicaciones?  En principio no, de hecho, una norma que prohibiera el empleo de mecanismos de cifrado y ocultación de las comunicaciones podría resultar contraria a la propia constitución española que e

Hasta ahora, la mayoría de las reclamaciones que conocemos en España en relación al "derecho al olvido" (o alzheimer digital, según lo vean) han tenido que ver con la publicación de informaciones inicialmente fuera de Internet. Por ejemplo el caso de periódicos que informaron en su momento y hasta que no es accesible su hemeroteca digitalizada a los buscadores no ha existido problema con ello. Otro tanto puede decirse del problema de las notificaciones aparecidas en Boletines Oficiales, que cu

Una de las primeras cuestiones que se plantean habitualmente en conversaciones con gente no versada en derecho, es si una conducta no se encuentra regulada significa que está permitida. La regulación del juego en España, permitido desde 1977, ha tardado en adaptarse a internet, de tal manera que un sector de actividad que generaba importantes ingresos quedaba al margen de la reglamentación legal oportuna y, por supuesto, de una recaudación de impuestos necesaria en estos tiempos, produciéndose

La compañera Verónica Alarcón, de eprivacidad, se hace eco de la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2012 (pdf), que establece algo que ya hemos visto que ha sido resuelto en otras jurisdicciones, pero que hasta la fecha seguía sin manifestarse expresamente por nuestro alto Tribunal; que la dirección IP, por sí sola y sin apoyo de otros elementos probatorios, no puede ser el único elemento para establecer quien es la persona responsable de un delito. Así, la identificación por l

Es evidente que poder pueden, pero ¿deben? o ¿habría amparo legal para que una administración bloquee en Twitter a un usuario? La pregunta nace tras conocer el caso de un Tribunal de Costa Rica que ha dictaminado que la decisión de bloquear a al usuario de Twitter @MarvinSchult por parte de la cuenta de la presidencia del país @presidenciacr vulnera el derecho a del recurrente a manifestar libremente su opinión. Si bien, como se lee en la noticia los responsables políticos aceptan la sentencia

Con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas  en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses se han introducido numerosas modificaciones en la regulación de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que se encontraban previstas en el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre. A continuación, se realizará un análisis de las modificaciones introducidas por esta ley. 1.  La primera mod

Llevamos unas semanas muy moviditas desde el punto de vista de las noticias en relación a problemas entre usuarios de Twitter anónimos y famosos. Es normal que se vayan dando problemas a medida que el uso de la herramienta, en particular una tan directa y horizontal como Twitter (cualquiera puede hablar con cualquiera en un momento), se difunde porque se dan escenarios hasta ahora no habituales y las probabilidades de conflicto aumentan con el número de usuarios. Ya analicé en su momento la pos

Como sabrán el pasado día 21 de noviembre se publicó en el BOE una de las normas que más ha unido a todos los sectores de aquellos que prestan servcios en la justicia en años, y no precisamente para bien, sino para mostrar un rechazo casi unánime, la Ley 10/2012 de tasas judiciales. Podemos discutir sobre las tasas y si son necesarias o no, sober su importe su constitucionalidad, como digo eso puede discutirse, aunque una mayoría, casi unánime estemos en contra. Pero lo que es inadmisible, per

Piratas de Cataluña ha puesto a disposición del público un documento (pdf) que contiene lo que el Gobierno pretende aprobar como reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Asumiendo la autenticidad del mismo, y no veo razón para desconfiar de quien lo publica, es bueno llamar la atención, aunque sea brevemente, sobre su contenido, ya que la voluntad de aprobarlo por Real Decreto-Ley indica que la aprobación puede ser inminente, es decir que puede ir, sin ningún debate ni análisis por Diputados

Tanto se habla del mal llamado derecho al olvido que al final le vamos a dar carta de naturaleza y a aceptarlo por aquellos que más nos oponemos precisamente a su reconocimiento. Recordar que nos estamos refiriendo simplemente a la cancelación de datos (en el caso de pedir el borrado de un sitio web) o al ejercicio del derecho de oposición al tratamiento (lo que podría darse en relación a la indexación por buscadores, por ejemplo). Como se explica perfectamente en el esta entrada. La combinaci

Cada vez se hace más imprescindible aplicar la máxima, en relación a noticias con contenido jurídico, de: "A titulares increibles, noticias imposibles". Hoy toca una que por la naturaleza del problema que representa me parece absolutmente cruel con miles de pequeños ahorradores que se encuentran con todos los ahorros de una vida en las conocidas "preferentes" Así se pueden leer titulares como: "El Frob se autoriza a sí mismo a no cumplir sentencias que amparen a titulares de preferentes" "El

Acabados los juegos olímpicos la fallida restauración del Ecce Homo de Borja ha brindado entretenimiento para animar el fin de mes. El asunto es que la intervención en una obra (que está en dominio público) acabó de una manera que ha provocado todo tipo de gracias y chistes, especialmente en internet, y que ha tenido una repercusión mediática de mundial. La verdad es que el tema presente múltiples aristas jurídicas muy interesantes, dado que estamos ante una obra pintada en la pared de una igl

Peligrosa sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo (pdf)  que implica un deber total de controlar los contenidos subidos a un foro por su administrador, ante el riesgo de ser considerado responsable civil solidario por delitos cometidos por terceros en los comentarios. Esta Audiencia Provincial, en resolución de 1 de junio de 2012, confirmó la sentencia contra el autor de comentarios injuriosos aparecidos en el foro "talavera3000.com" y al mismo tiempo confirmó la sentencia contra el resp

No sólo el volumen de negocio de Google es impresionante, el hecho de aportar algunos de los mejores servicios y más usados en internet hace que se vea envuelto en múltiples controversias jurídicas algunas de las cuales son del máximo interés jurídico. (Daría para un congreso analizar todos los aspectos legales de Google) La prensa cuenta que Google no atiende los requerimientos de la Agencia de Protección de Datos, y califica como censura la solicitud de retirada de contenidos, y ya comenté qu

Es habitual que las grandes empresas pongan a sus servicios de comunicación a colaborar con los servicios jurídicos para la mejor consecución de los objetivos de la empresa. Un ejemplo de esto lo estamos viendo con las acusaciones de Google a España de querer ejercer la censura, poniendo en el centro de las críticas a la Agencia de Protección de Datos por las solicitudes de retiradas de datos personales. Con ello se consiguen llamativos titulares en los medios, y que dejan una imagen de país m

En ocasiones, al tratar el tema de la fotografía me han preguntado si hay algún problema en exponer las fotos que hace el fotógrafo profesional en los escaparates de su tienda de fotografía. Y en particular qué pasa con las imágenes de menores, cuya utilización está mucho más limitada. La Audiencia Nacional, su sala de lo Contencioso Administrativo, ha dictado una sentencia (pdf) que confirma una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (pdf) por la que se condena a un fotógrafo

La relación amor-odio de Google con la Agencia Española de Protección de Datos, y con la normativa en España de fondo, no deja de deparar capítulos interesantes. Tenemos como gran hito la cuestión prejudicial planteada en relación a varios aspectos, principalmente sobre el ámbito de aplicación de la normativa de protección de datos y su alcance a empresas que no tratan los datos en territorio de la UE, que además se presenta como el primer gran envite judicial del (mal llamado) "derecho al olvi

El compañero Jorge Campanillas, miembro del despacho "Iurismatica", comenta la defensa que brillantemente han realizado para el titular del dominio "jdownloader.com" consiguiendo conservar el dominio para su cliente frente a la pretensión del titular de la marca "jdownloader" y del dominio "jdownloader.org" y creador del popular programa de gestión de descargas. Este programa está licenciado bajo la GPL v3. Por su parte el demandante pone a disposición en internet tanto el código fuente de la

Varias de las disposiciones de la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones disponen que los operadores de redes de telecomunicaciones almacenen y conserven durante un año informaciones sobre las comunicaciones que establecemos con terceros, con el fin de, en su caso, utilizar esa información para la averiguación e investigación de delitos graves. Algunos de los datos que deben almacenar se encuentran no sólo la IP

Se está planteando por parte de algunos colegios de abogados la posibilidad de contratar los sistemas de tratamiento de datos con Google Apps. En concreto la pregunta<https://twitter.com/#%21/josemuelas/statuses/171889579622797313> la ha hecho pública el Decano del Colegio de Cartagena en su twitter: <http://1.bp.blogspot.com/-i560IS3PnI4/T0N1xQ6ciKI/AAAAAAAAAis/98XlkDmsby4/s1600/twitter+datos+abogados.JPG> En su día Javier Maestre,<http://www.bufetalmeida.com/497/el-cuento-de-la-lechera-20.html