El problema español no es nuevo, sino que en ciertos momentos, determinadas circunstancias lo muestran con virulencia. Por lo que resulta iluso pensar que la gran transformación vendrá por el simple hecho de cambiar unas caras, unas siglas, o a una hipotética tribu de adscripción por otra. La única diferencia, entre los países con menores índices de percepción de la corrupción y otros más desaventajados, radica en las medidas que se adoptan. Resultando primordial garantizar que funcionen todos los controles: los propios de la inicial separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial); los internos de la Administración Pública; además del ciudadano. De tal manera que para asegurar la separación de poderes se plantea la elección uninominal por circunscripción electoral. Con el fin de mejorar la participación y empujar a que cada uno vote a quien desee, por muy minoritaria que sea la opción, se instauraría el sistema de rondas múltiples. A nivel municipal se pasaría igualmente de la figura del “strong-mayor” a la del “city-manager”. Se recomienda fusionar Ayuntamientos y eliminar Diputaciones. De igual modo, se proponen los presupuestos participativos, lo que ayudaría a incrementar el control ciudadano.
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